Tabla 1. Población indígena y hablantes de lengua indígena por estado.

Hablantes de lengua indígena mayor de 5 años

Estado

Población

Población indígena

Población mayor de 5 años[7]

Total de hablantes de lengua indígena

Monolingües[8]

Bilingües[9]

Principales lenguas habladas

Total

Hablantes

Lengua

CHIAPAS

3,920,892

1,117,597

28.5

3,288,963

809,592

24.6

296,916

37.5

495,163

62.5

291,550

TZOTZIL

GUERRERO

3,079,649

529,780

17.2

2,646,132

367,110

13.9

125,510

35.1

231,858

64.9

136,681

NÁHUATL

OAXACA

3,438,765

1,648,426

47.9

3,019,103

1,120,312

37.1

220,577

20.0

884,395

80.0

377,936

ZAPOTECAS

NAYARIT

920,185

56,172

6.1

815,263

37,206

4.6

6,684

19.2

28,165

80.8

16,932

HUICHOL

DURANGO

1,448,661

39,545

2.7

1,264,011

24,934

2.0

4,345

18.1

19,722

81.9

17,051

TEPEHUÁN

HIDALGO

2,235,591

546,834

24.5

1,973,968

339,866

17.2

58,587

17.5

277,090

82.5

221,684

NÁHUATL

CHIHUAHUA

3,052,907

136,589

4.5

2,621,057

84,086

3.2

14,203

17.4

67,339

82.6

70,842

TARAHUMARA

PUEBLA

5,076,686

957,650

18.9

4,337,362

565,509

13.0

76,503

13.8

477,167

86.2

416,968

NÁHUATL

MICHOACÁN

3,985,667

199,245

5.0

3,479,357

121,849

3.5

15,476

13.0

103,138

87.0

109,361

PURÉPECHA O TARASCO

VERACRUZ

6,908,975

1,057,806

15.3

6,118,108

633,372

10.4

78,709

12.7

543,207

87.3

338,324

NÁHUATL

SAN LUIS POTOSÍ

2,299,360

348,551

15.2

2,010,539

235,253

11.7

24,073

10.3

209,015

89.7

138,523

NÁHUATL

SINALOA

2,536,844

87,948

3.5

2,241,298

49,744

2.2

4,543

9.9

41,117

90.1

13,888

MIXTECAS

JALISCO

6,322,002

75,122

1.2

5,541,480

39,259

0.7

3,247

8.9

33,174

91.1

10,976

HUICHOL

YUCATÁN

1,658,210

981,064

59.2

1,472,683

549,532

37.3

48,364

8.8

498,490

91.2

547,098

MAYA

QUINTANA ROO

874,963

343,784

39.3

755,442

173,592

23.0

12,777

7.4

159,092

92.6

163,477

MAYA

QUERÉTARO

1,404,306

47,420

3.4

1,224,088

25,269

2.1

1,699

6.9

22,934

93.1

22,077

OTOMÍ

ZACATECAS

1,353,610

4,039

0.3

1,188,724

1,837

0.2

107

6.3

1,598

93.7

358

TEPEHUÁN

CAMPECHE

690,689

185,938

26.9

606,699

93,765

15.5

5,308

5.7

87,225

94.3

75,874

MAYA

BAJA CALIFORNIA

2,487,367

81,679

3.3

2,010,869

37,685

1.9

1,146

3.2

34,822

96.8

14,184

MIXTECAS

BAJA CALIFORNIA SUR

424,041

11,481

2.7

374,215

5,353

1.4

152

3.0

4,922

97.0

2,137

MIXTECAS

COLIMA

542,627

6,472

1.2

457,777

2,932

0.6

2.7

2,211

97.3

1,028

NÁHUATL

SONORA

2,216,969

126,535

5.7

1,956,617

55,694

2.8

1,277

2.4

51,383

97.6

24,114

MAYO

MORELOS

1,555,296

72,435

4.7

1,334,892

30,896

2.3

624

2.2

27,718

97.8

18,656

NÁHUATL

TLAXCALA

962,646

71,986

7.5

846,877

26,662

3.1

445

1.7

25,290

98.3

23,737

NÁHUATL

TABASCO

1,891,829

130,896

6.9

1,664,366

62,027

3.7

815

1.4

58,994

98.6

38,342

CHONTAL DE TABASCO

MÉXICO

13,096,686

939,355

7.2

11,097,516

361,972

3.3

4,600

1.3

346,143

98.7

113,424

MAZAHUA

GUANAJUATO

4,663,032

26,512

0.6

4,049,950

10,689

0.3

113

1.1

9,858

98.9

1,433

CHICHIMECO JONAZ

COAHUILA

2,298,070

7,454

0.3

2,018,053

3,032

0.2

1.1

2,739

98.9

750

NÁHUATL

AGUASCALIENTES

944,285

3,472

0.4

821,404

1,244

0.2

0.9

1,162

99.1

268

NÁHUATL

NUEVO LEÓN

3,834,141

30,051

0.8

3,392,025

15,446

0.5

108

0.7

14,634

99.3

8,308

NÁHUATL

DISTRITO FEDERAL

8,605,239

339,931

4.0

7,738,307

141,710

1.8

725

0.5

136,812

99.5

37,450

NÁHUATL

TAMAULIPAS

2,753,222

41,858

1.5

2,427,309

17,118

0.7

0.4

16,319

99.6

8,407

NÁHUATL

TOTAL

97,483,412

10,253,627

84,794,454

6,044,547

1,007,803

4,912,896

3,261,838

Fuente: INEGI (2010b)

La tabla anterior apenas alcanza a dar indicios de la diversidad ligüística presente en México, donde existen más de 25 regiones indígenas, en las que prevalecen condiciones estructurales muy adversas, que se manifiestan en altos niveles de exclusión social. El 74.4% de esta población habita en municipios con niveles de marginación alto y muy alto, lo que sugiere que la población indígena es actualmente uno de los grupos más vulnerables, con altos índices de mortalidad infantil, y poblaciones de muy difícil acceso con graves carencias de servicios como agua potable, drenaje, escuelas y hospitales (CNDPI, 2006).

Luego del levantamiento zapatista de 1994, el asunto indígena atrajo la atención de los medios masivos, colocándose de manera importante en la agenda pública. El siguiente apartado presenta un muy breve resumen de las reformas legales más representativas surgidas a partir de dicho evento, así como algunos de sus antecedentes.

3. Legislación en México en materia de diversidad lingüística.

El actual marco legal en torno a la diversidad lingüística en México, es el producto de una serie de sucesos y acuerdos de alcance tanto nacional como internacional. Uno de los primeros antecedentes, se halla en la Convención de Pueblos Indígenas de 1989, convocada por la Organización Internacional del Trabajo, y que fue ratificada por México en 1990 (Anaya, 2004). Desde 1992, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la presencia de diversos pueblos indígenas; sin embargo, no es sino hasta la reforma del Artículo 2 en 2001 (siete años después del levantamiento zapatista en el estado de Chiapas), que se señala la responsabilidad que tiene el gobierno para identificar y establecer las políticas públicas necesarias para garantizar los derechos de tales sectores de la población.

Como Morris (2007) sugiere, estas reformas constitucionales se derivan de manera directa de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar,[10] y fueron el resultado de las negociaciones iniciadas entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno del presidente Ernesto Zedillo.[11] No obstante, en realidad los acuerdos se empezaron a cumplir por parte del gobierno federal, hasta el inicio de la administración del presidente Vicente Fox, en 2000. En materia cultural, se concedía a los pueblos indígenas el derecho para utilizar, promover y desarrollar sus lenguas, costumbres y tradiciones, en relación con aspectos políticos, económicos, sociales y religiosos (Ocampo, 2005).

En este mismo sentido, en marzo de 2003 es decretada la Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas,[12] en donde se reconocen y protegen los derechos individuales y colectivos de estos sectores de la población y se asume la obligación del Estado mexicano de respetar el uso de las lenguas indígenas. En lo que tiene que ver directamente con el asunto del presente trabajo, por su relevancia trascribimos íntegro el Art. 7 de dicha Ley:

Artículo 7. Las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al Estado corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en este artículo, conforme a lo siguiente:

a).- En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.

b).- En los municipios con comunidades que hablen lenguas indígenas, se adoptarán e instrumentarán las medidas a que se refiere el párrafo anterior, en todas sus instancias.

La Federación y las entidades federativas tendrán disponibles y difundirán a través de textos, medios audiovisuales e informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indígenas, en la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

Como puede observarse, este documento garantiza que en el acceso a cualquier servicio brindado por las entidades de gobierno, así como a la información pública, se deben respetar los derechos de aquellas comunidades en las que haya presencia de hablantes de lengua indígena, incluyendo explícitamente los medios informáticos.

De manera similar, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en 2015, señala lo siguiente:

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona.

Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.[13]

Con base en esta legislación que hemos citado, el uso de lenguas indígenas no solamente es un derecho que se reconoce en virtud de la diversidad cultural del pueblo mexicano, sino que implica una serie de obligaciones por parte del Estado, de forma que la información y los servicios que brinda el gobierno, sean accesibles a estos sectores de la población, sin discriminación alguna.

4. Antecedentes.

En el contexto de las visiones optimistas sobre la Sociedad de la Información, el uso de recursos informáticos en línea por parte de las instancias gubernamentales, ha sido ampliamente discutido como una de las posibilidades que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) brindan para fortalecer la democracia y la participación ciudadana (Wilhelm, 2000; Papacharissi, 2010; Kö y Francesconi, 2014). Desde la perspectiva de la brecha digital (Norris, 2001; Servon, 2002), la accesibilidad es una variable que es frecuentemente analizada en portales electrónicos gubernamentales. Si bien la mayor parte de los trabajos encontrados en los antecedentes se refieren particularmente a sus aspectos técnicos (Paris, 2005; Freire, de Castro y de Mattos Fortes, 2009; Kopackova, Michalek y Cejna, 2010; Kuzma, 2010; Hassanzadeh y Navidi, 2010; Lopez del Ramo, 2010; Rau, Zhou, Sun y Zhong, 2014; Kamoun y Basel Almourad, 2014; Gambino, Pirrone y Di Giorgio, 2014); existe un conjunto de trabajos que se han enfocado en las implicaciones de la diversidad lingüística en la accesibilidad a los sitios web de diversos países. Así por ejemplo, Shi (2006) y Basdekis, Klironomos, Metaxas y Stephanidis (2010), se refieren a la dificultad que implica la representación correcta de caracteres no románicos (como el chino, árabe, griego, etc.) en los navegadores web.

El abordaje de la diversidad lingüística en línea desde una perspectiva cultural, es mucho menos frecuente. Cañavate y Navarro (2004) hacen una revisión de los portales gubernamentales españoles en el periodo 1997-2002, y encuentran que los idiomas oficiales de las provincias autónomas, como el catalán, vasco y gallego, sí están presentes, y que el dominio .es cada vez es más utilizado. En el país de Gales, Cunliffe (2008), llevó a cabo un análisis de los sitios de los partidos políticos contendientes en las elecciones de 2007 y en sus resultados muestra que, a pesar de la existencia del Acta para el Idioma Galés, sólo en cuatro de los 18 sitios observados había versiones en este idioma además del inglés.

El caso de la India es particularmente relevante en este sentido, en virtud de sus 22 idiomas reconocidos oficialmente. Bhattacharya, Gulla y Gupta (2012) sugieren que esta amplia diversidad cultural representa un enorme reto, y destacan la necesidad de desarrollar sitios web oficiales en distintas lenguas, además del inglés. Poner a la disposición de la población portales gubernamentales en distintos idiomas, en el caso de países multiculturales, había sido ya sugerido en estudios previos por Bouaziz y Fakhfakh (2007); y es reiterado en el trabajo realizado por Karkin y Janssen (2014), a partir de un trabajo de campo realizado en Turquía.

Es de destacar que, hasta donde se pudo revisar en las bases de datos académicas,[14] no se ha realizado con anterioridad ningún estudio relativo al uso de lenguas indígenas en los portales gubernamentales mexicanos.

5. Método.

A través de la técnica del análisis de contenido (Krippendorff, 1990), se hizo una observación de los portales gubernamentales del poder ejecutivo en sus niveles federal, estatal y municipal, entre el 25 de mayo y el 15 de junio de 2015; y de los poderes legislativo y judicial en los niveles federal y estatal, [15] del 14 al 16 de diciembre de 2015.

Para el poder ejecutivo, la muestra estuvo integrada de la siguiente manera:

a) Nivel federal. Se hizo una observación de 20 sitios: 19 correspondientes a las secretarías de estado, más el de la Presidencia de la República (censo).

b) Nivel estatal. Se analizaron 32 portales: 31 de las entidades federativas, más el correspondiente al Gobierno del Distrito Federal[16] (censo).

c) Nivel municipal. Durante el periodo de observación, México contaba con N = 2,457 municipios. Con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%, se obtuvo una muestra de n = 247, con una estrategia de selección polietápica por conveniencia. En primer lugar, se obtuvo la cantidad de municipios que representaran la proporción del total, al interior de cada estado. Dentro de cada uno de estos racimos, fueron escogidos aquellos municipios que, según INEGI (2010a), tuvieran la mayor proporción de hablantes de lengua indígena. En el caso del Distrito Federal, las delegaciones fueron consideradas como si fueran municipios. De esta manera se aseguró que dentro de la muestra quedaran, en cada entidad federativa, los municipios donde fuese más probable encontrar contenidos en lengua indígena en sus respectivos portales, con base en lo ya dicho en el marco legal considerado para este trabajo.

En el análisis de los poderes legislativo y judicial, fueron observados 32 portales por cada uno de estos dos poderes a nivel estatal (64 en total); más los portales federales del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; LXII Legislatura) y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cada portal se hizo una revisión de la página de inicio, así como de cada una de las secciones que integraran el sitio, con el fin de registrar los idiomas en que se presentara la información. Con base en los antecedentes de accesibilidad antes mencionados, de igual forma fueron contabilizados indicadores relativos al tipo de dominio y funcionalidad del sitio (es decir, que estuviera efectivamente en línea). En el caso de errores 404,[17] se hicieron hasta tres intentos en otros momentos dentro del mismo periodo de observación, y si el problema persistía, era así registrado de manera definitiva.

6. Resultados.

El análisis de contenido realizado permitió obtener información relevante en torno al objetivo del trabajo, es decir, identificar la forma en que se presenta la diversidad lingüística al interior de los portales gubernamentales de los tres poderes, en sus niveles federal, estatal y municipal; de acuerdo con el diseño metodológico ya expuesto. Los datos obtenidos serán presentados de acuerdo con cada uno de los poderes: 1) ejecutivo, 2) legislativo y judicial.

6.1. Poder ejecutivo.

6.1.1. Nivel federal: No se encontró ningún contenido presentado en lengua indígena, si bien, el 50% de los sitios ofrecía una versión en inglés.[18] En lo relativo a otros aspectos de accesibilidad, todos empleaban el dominio .gob.mx y no fueron observados errores 404.

6.1.2. Nivel estatal: De nuevo, no se observó ningún contenido en lengua indígena. El 25% de los sitios (n₁=8), utilizaban la barra de traducción automática de Google. Dado que esta herramienta puede ser personalizada por quien la instala y configura, se encontró una amplia variedad en los idiomas disponibles en cada caso, que iban desde cinco idiomas europeos (inglés, italiano, francés, alemán y ruso), hasta todos los idiomas ofrecidos por este servicio. Todos los sitios empleaban el dominio .gob.mx en sus direcciones electrónicas y ningún error 404 fue detectado.

6.1.3. Nivel municipal: Las direcciones URL de los municipios fueron obtenidas a través de su búsqueda en los portales estatales, y cuando no estaban presentes, a través del buscador de Google. En este caso, se presentan los resultados a partir de dos categorías: accesibilidad y presencia de lenguas indígenas.

Tabla 3. Índice PEA por estados seleccionados

Estado	Cantidad de municipios	Municipios en la muestra	URL no encontrado o inexistente	Página no encontrada (error 404)	Total de errores de accesibilidad	PEA
Oaxaca	570	57	41	1	42	0.74
Yucatán	106	11	7		7	0.64
Chiapas	118	12	3	4	7	0.58
Durango	39	4		2	2	0.50
Veracruz	212	21	10		10	0.48
Guerrero	81	8	3		3	0.38
Puebla	217	22	7		7	0.32
Michoacán de Ocampo	113	11	3		3	0.27
Coahuila de Zaragoza	38	4		1	1	0.25
Tamaulipas	43	4		1	1	0.25
Estado de México	125	12	1	1	2	0.17
Sonora	72	7	1		1	0.14
Chihuahua	67	7		1	1	0.14
Jalisco	125	12		1	1	0.08
TOTAL	1926	192	76	12	88	promedio=0.40
Total nacional	2457	247

Fuente: elaboración propia

En el caso de los 76 municipios donde no fue posible localizar su página oficial, se hizo un cruce de datos de la muestra con la base de datos de CONAPO (2010), con el fin de identificar la frecuencia con la que esto ocurría y el nivel de marginación del municipio[19] en cuestión. Los resultados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Niveles de marginación en municipios sin sitio web

Estados	Nivel de marginación
Estados	Muy alto	Alto	Medio	Total
Oaxaca	30	10	1	41
Veracruz	8	2		10
Puebla	4	3		7
Yucatán	4	3		7
Chiapas	3			3
Guerrero	3			3
Michoacán de Ocampo		1	2	3
México			1	1
Sonora			1	1
TOTAL	52	19	5	76
%	68.42%	25.00%	6.58%	100.00%

6.1.3.2. Presencia de lenguas indígenas.

Los dominios distintos a .gob.mx fueron observados en los portales de los Congresos de los estados de Nayarit[25] y San Luis Potosí,[26] en el poder legislativo, y en el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Zacatecas,[27] en el poder judicial. El único error 404 ocurrió en el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa.[28]

7. Discusión y conclusiones.

Como ha sido establecido a partir de la revisión del Art. 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas, y el Art. 15 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos los niveles de gobierno están obligados a establecer las medidas necesarias para que los servicios y la información pública se encuentren accesibles en lenguas indígenas, donde se requiera. En el caso del poder ejecutivo, tales servicios suelen estar relacionados con el pago de impuestos, contribuciones y programas asistenciales. A nivel federal, se han trasladado a Internet una importante cantidad de trámites y servicios, inaccesibles de otra forma, entre los que destaca el pago de impuestos de personas físicas y morales, así como la obtención de la Clave Única de Registro Poblacional (sin la cual ningún niño es admitido en el sistema escolar básico), entre muchos otros.

En lo que tiene que ver con el poder judicial, a través de sus portales electrónicos a nivel estatal, es posible tener acceso a servicios como la resolución de pensiones alimenticias, mediación y conciliación y acceso a listas de peritos oficiales (traductores, valuadores, etc.), necesarios en muchos procesos legales. Dentro de los sitios del poder legislativo, se publica todo lo que tiene que ver con la labor parlamentaria, donde destacan acuerdos, decretos, debates, participaciones en tribuna y, en un entorno de prevalente inseguridad derivada del crimen organizado, los dictámenes de personas desaparecidas (que en algunos estados otorgan un relativo respaldo a sus familias en cuanto a derechos laborales y fiscales).

El tránsito hacia la Sociedad de la Información en México se ha dado de manera que, mientras por un lado se virtualizan una gran cantidad de trámites que antes requerían del desplazamiento físico de los interesados a las oficinas correspondientes, y se pone a disposición de la población información esencial para fortalecer la participación ciudadana; por el otro, cerca de la mitad de la población permanece al margen del acceso a Internet. Si a esto se suma la casi total ausencia de contenidos en lengua indígena en los portales gubernamentales analizados, la ya de por sí precaria situación de estos sectores de la población, se agudiza ante la inexistencia de políticas públicas que lleven a la práctica lo establecido en las leyes antes mencionadas. Como nuestros datos reflejan, incluso en entidades con altos niveles de población indígena monolingüe (Chiapas, 37.5%; Guerrero, 35.1%; y Oaxaca, 20%), prevalecen estas omisiones.

La total ausencia observada en el uso de lenguas indígenas, contrasta de manera notable en los portales del poder ejecutivo federal y estatal, con la presencia de versiones en inglés y otros idiomas europeos (50% y 25%, respectivamente). Si el modelo de la comunicación de Laswell (1948) señala claramente la necesidad de considerar a quién se está dirigiendo un mensaje determinado, en estos casos, la población indígena parece no ser el destinatario de buena parte de la comunicación social gubernamental.

En lo relativo a la accesibilidad como una variable más a considerar dentro del análisis de la brecha digital en México, si bien los niveles federal y estatal de los tres poderes parecen estar operando más o menos dentro de los parámetros establecidos por Nielsen (1999) en cuanto a tipos de dominio y la operación efectiva de los sitios; los resultados obtenidos a nivel municipal, sobre todo en aquellas poblaciones ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación, reflejan muy graves y persistentes rezagos en materia de desarrollo en algunas regiones del sur del país. Sin caer en una falacia de falso dilema, no se trata de brindar servicios de acceso a Internet a cambio de otros satisfactores básicos como agua potable, drenaje, educación y salud en tales lugares; sino que se trata de que el Estado mexicano atienda todas estas necesidades de manera simultánea, como es su obligación constitucional. Evitando todo tecnodeterminismo, la información y servicios disponibles en línea sí tienen el potencial de incidir de manera positiva en aquellos usuarios que posean las competencias tecnológicas que les permitan modificar sus condiciones de vida, y posibilidades de incrementar su participación ciudadana. La misma inexistencia de una gran cantidad de portales municipales dentro de la muestra en estados como Oaxaca y Veracruz, es un signo que habla de los enormes retos sociales que México sigue enfrentado actualmente, a tres lustros de iniciado el S. XXI.

En lo lingüístico, como Morris (2007) sugiere, la hegemonía de un solo idioma (en este caso, el español), tiene además un efecto simbólico en cuanto a valoración de la identidad de quienes sólo hablan una lengua indígena, así como la manera en que se ubican en relación con el Estado. Como hemos reiterado a lo largo de este trabajo, en la práctica, no se ha implementado de manera suficiente políticas públicas que respeten el marco legal al que hemos hecho referencia, y que además contribuyan a valorar la riqueza del patrimonio cultural que tales lenguas representan. Este es un pendiente, entre muchos otros, que la nación tiene aún por resolver de manera prioritaria.

Como hemos ya sugerido, la posibilidad real de que la población indígena en México acceda a los servicios de información en línea, no parece concretarse con solo la promulgación de leyes. El mero reconocimiento de una realidad multicultural por parte del Estado, no garantiza la definición de una estrategia clara que logre armonizar las diferencias, sobre todo aquellas que tienen que ver con el derecho a la información. Lo cierto es que a raíz de la ponderación que han hecho los organismos internacionales del reconocimiento a la diversidad cultural –no sólo como un derecho, sino como un requisito del desarrollo social-, la etnicidad se ha convertido en un factor determinante de los lineamientos que éstos dictan para la elaboración de políticas públicas. En este contexto, se vuelve prioridad para los gobiernos de países como el nuestro, ofrecer evidencias de una pretendida alineación con las recomendaciones de estos organismos que, por lo menos en el caso de la diversidad lingüística en sitios oficiales del gobierno mexicano, no se logra.

El objetivo declarado de las políticas multiculturales, en cualquier parte del mundo, es abatir la inequidad en el acceso a las condiciones de bienestar. Sin embargo, el cabal cumplimiento de ese objetivo implica asumir en forma paralela otros factores de orden estrictamente social como los principales condicionantes de la desigualdad. De acuerdo con Cardoso (2007), la formulación misma de las políticas públicas con pretensiones de multiculturalidad debe hacer visible el papel que éstas le asignen a la diferencia cultural como productora de condiciones de desigualdad social. De lo contrario, el interés se vuelca prioritariamente en la cultura y no en las relaciones sociales, como parece estar sucediendo en el caso mexicano.

Los pueblos indígenas en nuestro país han demostrado, a lo largo de la historia, una clara conciencia de su derecho a ser contemplados como parte de la estructura social, política y económica. Sin embargo, la evidencia apunta al hecho de que son precisamente las instituciones encargadas de legislar al respecto, quienes parecen no tener la misma claridad, o no han sido capaces de instrumentar los mecanismos necesarios que garanticen una verdadera inserción de esta población en la vida nacional como sujetos de derecho, en igualdad de circunstancias que el resto de los mexicanos (Aguilar, 2014). Incorporar los contenidos pertinentes, en idiomas autóctonos, a los sitios en línea de información pública oficial, es indudablemente un recurso valioso para ir ganando terreno en esa inserción. Sin embargo, existe un largo trecho por recorrer antes de arribar a la realidad que se pretende.

Los factores condicionantes de la exclusión social en México parecen interactuar en un sistema de fuerzas donde operan como producto, y a la vez insumo, de los mismos procesos marginalizantes. La pobreza, que limita el acceso a la educación, que a su vez limita el acceso a la tecnología, remarcan la brecha digital. Ésta, cancela la posibilidad de encontrar en Internet una opción alterna, que pudiera constituirse en estrategia compensatoria para garantizar el derecho a la información pública al total de la población. A esta situación, hay que sumar otros factores, tales como el hecho de que la población indígena (usuarios potenciales de los portales en lenguas autóctonas) generalmente pertenecen a asentamientos alejados de las zonas urbanas y, por consiguiente, desprovistos de los servicios elementales que se requieren para acceder a recursos tecnológicos de cualquier índole.

En resumen, el análisis hecho en este trabajo a los portales de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial mexicanos, pone en relieve al discurso oficial multiculturalista, en el que la Ley General de Derechos Lingüísticos para los Pueblos Indígenas, y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pueden ser vistos como nuevos actores en el mismo viejo escenario, protagonizando en México, la historia imperfecta de la multiculturalidad.

Referencias

Aguillar, A. (2014). Del discurso a los hechos: El Estado mexicano y los pueblos indígenas de México. Revista Configurações, 14, 39-66.

Anaya, A. (2004). Explaining the Politics of Recognition of Ethnic Diversity and Indigenous’ Peoples' rights in Oaxaca, Mexico. Bulletin of Latin American Research, 23 (4), 414 – 433.

Aragón, M.I. (2002). Autonomía Política: La función legislativa del ayuntamiento en México. En Serna de la Garza, J. M. (coord.). Federalismo y regionalismo, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (595-605). México: UNAM.

Basdekis, I., Klironomos, I., Metaxas, I. y Stephanidis, C. (2010). An overview of web accessibility in Greece: a comparative study 2004–2008. Universal Access in the Information Society, (9), 185–190.

Bhattacharya, D., Gulla, U., y Gupta, M.P. (2012). E-service quality model for Indian government portals: citizens' perspective. Journal of Enterprise Information Management, 25 (3), 246 - 271.

Bouaziz, F. y Fakhfakh, R. (2007). Service quality in e-Government portals. En Tatnall, A. (Ed.). Encyclopedia of Portal Technologies and Applications (912-917). Hershey, PA: IGI Global.

Bravo, A. (2010). La función legislativa municipal. Revista de la Facultad de Derecho de México, 60 (254), 109-139.

Cañavate, A. M. y Navarro, C. C. (2004). La Administración local española en Internet: estudio cuantitativo de la evolución de los sistemas de información Web de los ayuntamientos (1997-2002). Ciencias de la Información, 35(1), 43-55.

Cardoso, R. (2007). Etnicidad y Estructura Social. México: UAM-UIA-CIESAS.

Carvajal, V. R. (2009). Inclusión o exclusión social: el reto de las tic y el caso de las poblaciones rurales centroamericanas. Apuntes alrededor de la experiencia. Hekademus, 2 (5), 44-64.

CNDPI (2006). Regiones indígenas de México. México: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

CONAPO (2010). Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010. http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_2010_por_entidad_federativa_y_municipio.

Crovi, D. (2002). Sociedad de la información y el conocimiento. Entre el optimismo y la desesperanza. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, (185), 13-33.

Cunliffe, D. (2008). Welsh-language provision on party web sites during the 2007 Welsh Assembly election. Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 60 (3), 199-215.

Freire, A. P., de Castro, M. y de Mattos Fortes, R. P. (2009). Acessibilidade dos sítios web dos governos estaduais brasileiros: uma análise quantitativa entre 1996 e 2007. Revista de Administração Pública, 43 (2), 395-414.

Gambino, O., Pirrone, R. y Di Giorgio, F. (2014). Accessibility of the Italian institutional web pages: a survey on the compliance of the Italian public administration web pages to the Stanca Act and its 22 technical requirements for web accessibility. Universal Access in the Information Society, 1-8, DOI: 10.1007/s10209-014-0381-0.

Hassanzadeh, M., y Navidi, F. (2010). Web site accessibility evaluation methods in action: A comparative approach for ministerial web sites in Iran. The Electronic Library, 28 (6), 789-803.

INEGI (2015). Estadísticas a propósito del Día Mundial del Internet. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/internet0.pdf

INEGI (2010a). Censo de población y vivienda 2010. Lengua indígena. http://cuentame.inegi.org.mx/hipertexto/todas_lenguas.htm

INEGI (2010b). Panorama Sociodemográfico de México. Aguascalientes, México: INEGI.

Kamoun, F., y Basel Almourad, M. (2014). Accessibility as an integral factor in e-government web site evaluation: The case of Dubai e-government. Information Technology y People, 27 (2), 208-228.

Karkin, N., y Janssen, M. (2014). Evaluating websites from a public value perspective: A review of Turkish local government websites. International Journal of Information Management, 34 (3), 351-363.

Keniston, K. y Kumar, D. (2004). IT experience in India. Delhi, India: Sage Publishers.

Kö, A. y Francesconi, E. (2014). Electronic Government and the Information Systems Perspective. Suiza: Springer.

Kopackova, H., Michalek, K. y Cejna, K. (2010).Accessibility and findability of local e-government websites in the Czech Republic. Universal Access in the Information Society, 9, 51–61.

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica. Barcelona: Paidós.

Kuzma, J. M. (2010). Accessibility design issues with UK e-government sites. Government Information Quarterly, 27, 141–146.

Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. The communication of ideas, 37, 215-228.

López del Ramo, J. (2010). Características estructurales de la web y su incidencia en la usabilidad. Análisis del caso en los portales municipales de la Comunidad de Madrid. Scire, 16 (1), 81-92.

Mattelart, A. (2001). Historia de la sociedad de la información. Barcelona: Paidós.

Miège, B. (2002). La société de l’information: toujours aussi inconcevable. Revue européenne des sciences sociales, 123, 41 - 54.

Morris, R. (2007). Al borde del multiculturalismo: Evaluación de la política lingüística del estado Mexicano en torno a sus comunidades indígenas. Confines 3 (5), 59-73.

Nielsen, J. (1999). Designing web usability: The practice of simplicity. Indianapolis: New Riders Publishing.

Norris, P. (2001). Digital Divide, Civil Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Ocampo, A. (2005). El Interminable Debate de los pueblos indígenas o el vacío que la indefinición entre Rousseau y Taylor se vive en México. Razón y Palabra. 45, http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n45/aocampo.html.

Papacharissi, Z. A (2010). A Private Sphere. Democracy in a Digital Age. Cambridge, Inglaterra: Polity Press.

Paris, M. (2005). Website accessibility: a survey of local e-government websites and legislation in Northern Ireland. Universal Access in the Information Society, 4, 292–299.

Pérez Salazar, G. (2004). Análisis crítico del Sistema Nacional e-México. La estrategia web del gobierno federal para la reducción de la brecha digital [tesis de maestría]. México: UNAM.

Rau, P. L. P., Zhou, L., Sun, N., y Zhong, R. (2014). Evaluation of web accessibility in China: changes from 2009 to 2013. Universal Access in the Information Society, 1-7.

Senado de la República (2013). Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se recomienda a la mesa directiva del Senado de la República la celebración de la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/reu/docs/acuerdo2-6.pdf

Servon, L. (2002). Bridging the Digital Divide. Londres: Blackwell Publishing.

Shi, Y. (2006). The accessibility of Chinese local government Web sites: An exploratory study. Government Information Quarterly, 24, 377–403.

Tremblay, G. (1996). ¿Hacia la sociedad de la información o el mercado electrónico? Una perspectiva crítica. En Crovi, D. (Coord.). Cultura política. Información y comunicación de masas (pp. 13-26). México: Asociación Latinoamericana de Sociología.

Toudert, D. (2013). La brecha digital en los contextos de marginación socioterritorial en localidades mexicanas: exploración y discusión. Comunicación y sociedad, 19, 153-180.

Webster, F. (2007). Theories of the Information Society. Londres: Routledge.

Wilhelm, A. G. (2000). Democracy in the Digital Age: Challenges to Political Life in Cyberspace. New York: Routledge.

[1] Investigación que es parte tanto del trabajo al interior del Cuerpo Académico Comunicación, Cultura y Sociedad, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, como del proyecto Multilevel Governance of Cultural Diversity in a Comparative Perspective: EU-Latin America (GOVDIV).

[2] Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor – investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Correo electrónico: gabrielperezsalazar@gmail.com

[3] Doctora en Comunicación Social por la Universidad de la Habana. Profesora – investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Correo electrónico: aguilaredwards@gmail.com

[4] Estudiante de pregrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Correo electrónico: cynthia.nallelym@gmail.com

[5] En México dieron lugar al Sistema Nacional e-México a partir de 2001 durante la administración de Vicente Fox Quesada, y en la actualidad continúan con la llamada Estrategia Digital Nacional de Erique Peña Nieto

[6] Como hemos planteado en trabajos anteriores (Pérez Salazar, 2004), entendemos la brecha digital como un fenómeno complejo que se manifiesta en las desigualdades que existen en torno al acceso, el uso y la apropiación de las TIC. Se trata de una expresión más de las condiciones inequitativas que prevalecen en una sociedad y que, en lo digital, tiene una serie de implicaciones que se expresan, entre muchos otros factores, en las destrezas de los usuarios para satisfacer sus intereses y necesidades en torno a dichas tecnologías, así como la existencia de contenidos pertinentes en un momento dado. Nos parece oportuno mencionar que autores como Carvajal (2009), Keniston y Kumar (2004) y Toudert (2013), han profundizado en este fenómeno, enfocándose en contextos de alta marginación.

[7] El censo de 2010 conducido por INEGI solo contabilizó hablantes de lengua indígena mayors de 5 años.

[8] Sólo hablan lengua indígena.

[9] Hablan lengua indígena y español.

[10] Luego del levantamiento armado del EZLN inciado el 1 de enero de 1994, y tras varios meses de negociación, se firma este documento en el poblado de San Andrés Larráinzar, Chiapas, el 16 de febrero de 1996.

[11] Presidente constitucional de México de 1994 a 2000.

[12] Las reformas más recientes a esta Ley son del 9 de abril de 2012.

[13] La negritas son nuestras.

[14] Se hizo una búsqueda tan exhaustiva como fue posible en: Redalyc, EBSCOhost, Elsevier-Sciencedirect, Emerald, SCOPUS, SpringerLink, Web of Science y Wiley.

[15] La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los poderes ejecutivo, legislativo y judicial (Art. 49), así como una federación integrada por estados autónomos, los cuales a su vez están conformados por municipios. A pesar de que el Art. 115 reconoce la autonomía de estos últimos, como Aragón (2002) y Bravo (2010) plantean, en la práctica el municipio sólo ejerce plenamente el poder ejecutivo. No obstante que los cabildos locales llevan a cabo funciones legislativas, todas las iniciativas que impliquen algún tipo de recaudación deben pasar por la aprobación del legislativo estatal. Una situación similar ocurre con el poder judicial, los pocos tribunales municipales que han sido establecidos a nivel nacional, sólo tienen una función administrativa en la representación del municipio ante otras instancias. Ministerios públicos y jueces calificadores pertenecen al poder judicial estatal. A consecuencia de lo anterior, no se hizo una observación de los poderes legislativo y judicial a nivel municipal, dado que carecen de los respectivos portales en línea.

[16] Al momento de realizar este análisis todavía no se presentaba la reforma porítica que daría lugar a la entidad ahora conocida como Ciudad de México.

[17] Sitio no encontrado o fuera de línea.

[18] No se trataba de traducciones automáticas, como en algunos de los portales estatales, sino de versiones hechas ex profeso en tal idioma.

[19] CONAPO (2010) estima el nivel de marginación a partir de los siguientes indicadores: % de la población analfabeta mayor de 15 años, % de la población que habita en viviendas sin drenaje, % de la población que carece del servicio de energía eléctrica, % de la población que habita en viviendas sin agua potable, % de la población que habita en viviendas con algún grado de hacinamiento, % de la población que vive en poblaciones con menos de 5,000 habitantes y % de la población con ingresos menores a 10 USD/día. Los valores asignados son: muy alto, alto, medio y bajo.

[20] URL: https://www.facebook.com/sanjuanyatzona

[21] http://www.senado.gob.mx/

[22] http://www.diputados.gob.mx/

[23] https://www.scjn.gob.mx/

[24] http://transparencia.congresomich.gob.mx/es/

[25] http://www.congresonayarit.mx/

[26] http://189.206.27.36/LXI/index.php

[27] http://187.174.173.99:8080/

[28] http://www.stj-sin.gob.mx/

				Dominios de los sitios
Municipios observados (n=247)		%	Error 404	*.gob.mx*	Otro dominio (.com, .net, .org)	Facebook
Municipios con sitio web	171	69.23%	17	120	29	22
Municipios sin sitio web	76	30.77%	9.94%	70.18%	16.96%	12.87%
Total	247	100.00%

Municipios observados (n=247)		%
Municipios sin contenidos en lengua indígena	243	98.38%
Municipios con algún contenido en lengua indígena	4	1.62%
Total	247

	Municipio	Estado	URL
1	Mezquital	Durango	http://mezquital.durango.gob.mx/
2	Tamazulápam del Espíritu Santo	Oaxaca	http://www.municipiotamazulapam.com/
3	Nacajuca	Tabasco	http://www.ayuntamientonacajuca.org/

	Error 404	Dominio distinto a .gob.mx
Poder legislativo estatal	0	2
Poder judicial estatal	1	1
Total	1	3